Como por arte de magia o mejor dicho, como un truco sacado de la pequeña manga del saco del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en días pasados, arremetieron contra 10 alcaldes y diecisiete funcionarios públicos del Estado de Michoacán, a los que “presumiblemente” se les relaciona con los chicos malos. Ese operativo sorpresa que dejó a Leonel Godoy con cara de ¡wat!, demostró ser una estrategia más del presidente del desempleo, para curiosamente en tiempos electoreros, aumentar su escasa popularidad y de pasada recordarle a la ciudadanía que pertenece al Partido Acción Nacional, todo esto confeccionado a la más alta escuela mientras aparecen los spots de promoción del voto, donde el partido en el poder declara que con “ellos” sí se acabará la delincuencia.
Por supuesto que los primeros en aplaudir tales manifestaciones “heroicas” a favor de la seguridad nacional, fueron los propios panistas, como bien lo demostró el Diputado del Congreso local en Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, quien mediante un comunicado del Grupo Parlamentario del PAN, reconoce y a nombre de los diputados de su partido, aplaude las acciones emprendidas por el Gobierno federal, en su feroz lucha contra el crimen organizado. Aprovechando la coyuntura para dar el mensaje de que con ellos al frente (o sea Acción Nacional) sí se puede abatir la delincuencia.
Los políticos, esa rara especie que se congratula de ostentarse como “líderes sociales” que trabajan por el bien de la sociedad (cuál) no quieren evolucionar en lo referente a su desempeño y función pública y social e intentan etiquetar con colores y siglas partidistas, las acciones de un Gobierno. Los derechos constitucionales, como en este caso el de salvaguardar la seguridad de los mexicanos y sus bienes, no son propios de un partido, tal y como subliminalmente lo quieren proponer.
Las redes del narcotráfico, las garras del secuestro, las manos sucias de los lavadores de dinero, las campañas infladas con dinero que apesta, entre otras curiosidades, son graves problemas que vive nuestro país y el propio Estado de Aguascalientes, por ello resulta nauseabundo que un Diputado local, sea del color que sea, pretenda por un lado alabar las obligaciones del mandatario nacional y por otro se tape los ojos a su realidad cotidiana.
Lamentablemente, a veces (la mayoría) vemos a nuestros diputados locales, como un mueble más del edificio legislativo, que cuando terminan su periodo como legisladores, son desechados por los nuevos inquilinos que pasarán a realizar las mismas disfunciones.
Que se investigue y proceda en contra de Gobernadores, presidentes municipales, funcionarios públicos, policías, miembros de la iniciativa privada, políticos y demás, acerca de sus nexos con las mafias, está bien, ya es tiempo de que truene lo que tenga que tronar.
Imagínese que sucedería si en Aguascalientes, “la tierra de la gente buena”, les cayera una sorpresita como la que se vivió en Michoacán, ¿Creé usted que se llevarían detenidos a funcionarios, presidentes municipales y demás por estar coludidos con el narco?
Y de ser así, ¿A quienes tiene en mente?
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